La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, acaba de anunciar la revocación de la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que había sido concedida al proyecto turístico y residencial “La Abundancia”, ubicado en las cercanías del Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California Sur.
Este parque es uno de los ecosistemas marinos más importantes y protegidos en el país, hogar de un arrecife único y biodiverso. La revocación se da en respuesta a las preocupaciones de varias organizaciones y la misma Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que habían advertido sobre los posibles daños a este hábitat tan frágil y valioso.
Además, Bárcena confirmó la renuncia de Raúl Rodríguez Quintana, quien estaba a cargo de la Oficina de Representación de SEMARNAT en el estado y quien autorizó el proyecto, pese a contar con la opinión en contra de la CONANP.
Esta acción, aunque parezca un paso hacia la protección ambiental, también evidencia el desorden o, en el mejor de los casos, la falta de alineación dentro de la administración.
Bárcena fue aún más allá al afirmar que la SEMARNAT está realizando una “revisión profunda” de todos los proyectos que recibieron aprobación en Cabo Pulmo durante los últimos días del gobierno anterior.
Entre ellos, se encuentra el Baja Bay Club, otro complejo turístico que también ya tiene una MIA aprobada en terrenos donde en 2012 se canceló el polémico proyecto Cabo Cortés por sus implicaciones ambientales. Al igual que “La Abundancia”, este tipo de desarrollos ponen en la cuerda floja el equilibrio ecológico de la región.
¿Qué pensamos en #PlanetaB?
La decisión de Bárcena podría verse como un esfuerzo real por poner al medio ambiente en primer lugar. Sin embargo, cuando uno lo pone en contexto, surgen dudas legítimas sobre el compromiso real de la llamada Cuarta Transformación con la ecología.
A la par de estas revocaciones, vemos cómo avanzan proyectos que ignoran abiertamente los impactos ambientales, como el Tren Maya, cuya construcción en la selva ha arrasado con vegetación y ha afectado el sistema de cuevas y ríos subterráneos, o la nueva refinería de Dos Bocas, que va en contra de las tendencias globales hacia energías limpias.
Más preocupante es el aumento de poder que el Ejecutivo está centralizando, como demuestra la reciente reforma judicial que otorga facultades casi absolutas al presidente.
Este contexto hace pensar que las medidas ambientales pueden ser más simbólicas o de control de daños que un reflejo de un compromiso auténtico con la conservación.
Así, aunque el anuncio de Bárcena es un respiro para Cabo Pulmo, el panorama general invita a la duda. ¿Realmente estamos ante una administración dispuesta a proteger nuestros ecosistemas, o se trata solo de una postura estratégica en un tema en el que se necesita más que voluntad política?
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