México ha quedado atrás en sus compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con otros países de América Latina, según Moody's Analytics.
Aunque el país busca una reducción del 35% hacia 2030, con la posibilidad de llegar al 40% si recibe apoyo financiero y tecnológico, este objetivo es menos ambicioso que el de naciones como Brasil y Colombia.
Brasil, por ejemplo, planea disminuir sus emisiones un 48.4% en 2025 y un 53.1% en 2030. Colombia, por su parte, se compromete a una reducción del 51% para el mismo año.
Estas metas no solo son más altas, sino que están respaldadas por una planificación y marco legal más sólidos, según el informe Los Retos de la Transición Energética en América Latina de Moody's Analytics.
En términos de energía renovable, México también está rezagado. Mientras que Brasil es el octavo consumidor global de energías renovables, estas solo representan el 10% del consumo de energía primaria en México, situándolo en el extremo opuesto.
Arturo Carranza, experto en energía, señala que el Gobierno anterior representó un "sexenio perdido" en materia de reducción de emisiones, pero percibe un mayor interés en la actual administración por retomar estos esfuerzos.
Aún así, advierte que las metas deben estar respaldadas por políticas públicas concretas, inversiones estratégicas y un enfoque claro en la transición energética.
Más allá de lo ambiental, impulsar las energías renovables podría ser un motor económico. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en el país podría generar una derrama económica de hasta 4,400 millones de dólares, según Environmental Resources Management (ERM).
¿Qué pensamos en #PlanetaB?
El rezago de México en su compromiso climático refleja no solo un desfase en ambición, sino también en acción.
Condicionar los objetivos a apoyos externos puede parecer una estrategia pragmática, pero proyecta una falta de liderazgo interno en el tema. Mientras países como Brasil y Colombia lideran con marcos legales y estrategias robustas, México parece carecer de una hoja de ruta clara.
Es fundamental que el Gobierno mexicano deje de depender únicamente de metas declarativas y apueste por acciones concretas que conviertan al país en un referente en la transición energética. El costo de no hacerlo no solo será ambiental, sino también económico y reputacional.
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