El pleno del Congreso de la Ciudad de México ha aprobado la Ley Ambiental de la Ciudad de México, impulsada por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama. Esta nueva legislación permitirá a los ciudadanos exigir la reparación de daños ambientales ante los tribunales.
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), en representación de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y de Planeación del Desarrollo, explicó que esta normativa responde tanto a un mandato constitucional como a los retos ambientales globales y locales.
Destacó que la ley derogada había sido reformada en 39 ocasiones durante sus 23 años de vigencia, y que las modificaciones actuales integran las opiniones de colectivos, legisladores y activistas ambientales.
De qué va la Ley de Reparación de Daños al Medio Ambiente
El dictamen aprobado aborda problemas como la mala calidad del aire, la pérdida de suelo de conservación, la contaminación, la disposición del agua, el manejo de residuos sólidos, la economía circular, la contaminación del suelo y la pérdida de biodiversidad.
Las comisiones dictaminadoras coincidieron en la necesidad de un nuevo marco jurídico para enfrentar los retos ambientales, económicos y sociales en beneficio de la comunidad.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana) criticó el dictamen por no considerar la opinión de los pueblos, barrios y comunidades indígenas de la ciudad. Propuso actualizar el dictamen para incluir mesas de diálogo con estos grupos vulnerables.
El diputado Javier Ramos Franco (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) apoyó el dictamen, resaltando su contribución a la reversión del daño ambiental y la promoción de energías renovables en las alcaldías.
Por su parte, la legisladora Gabriela Salido Magos (PAN) subrayó la falta de un estudio de impacto presupuestal y la necesidad de consultas públicas para garantizar los derechos humanos.
Se aprobaron reservas a los artículos 7 y 80, presentadas por el diputado Ramos Franco, que cambian el término zoológicos por Centros de Conservación de la Vida Silvestre para promover el trato digno de los animales.
La diputada Larios Pérez también presentó reservas a los artículos del 315 al 335, buscando establecer la responsabilidad ambiental en el ámbito administrativo, las cuales fueron aprobadas.
La nueva ley, organizada en seis títulos, cubre disposiciones generales, protección y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, prevención y control de la contaminación, servicios profesionales ambientales, participación ciudadana e información ambiental, y medidas de control, seguridad y sanciones.
Su implementación es crucial para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfrentar los desafíos ambientales de la Ciudad de México.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha sido clave en la elaboración de esta ley, que permitirá a cualquier ciudadano demandar la reparación de daños ambientales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
La titular de la PAOT, Mariana Boy Tamborrell, afirmó que esta ley aspira a una verdadera justicia restaurativa para garantizar una vida saludable y de calidad.
Una vez publicada en la Gaceta Oficial, cualquier persona podrá exigir la reparación de daños ambientales, así como los daños a su salud e integridad. La ley, que entró en vigor el 13 de junio, es un robusto instrumento legal que permitirá a los ciudadanos exigir la reparación de daños ambientales causados por cualquier persona física o moral.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó esta ley en sesión extraordinaria para obligar a los responsables de daños ambientales a restaurar, compensar o mitigar las afectaciones.
Este marco legal, fundamentado en el principio de reparación integral, va más allá de las sanciones actuales, obligando también a resarcir los daños a elementos naturales y construidos, así como a la salud de las personas afectadas.
En caso de no ser posible la reparación, se establecerán medidas de compensación y garantía de no repetición.
En febrero de este año, se realizó el Foro "Hacia la construcción de una ley de responsabilidad ambiental de la Ciudad de México", donde expertos coincidieron en la necesidad de una legislación robusta para frenar y revertir el deterioro ambiental.
La Procuradora Ambiental agradeció a todos los participantes por sus aportaciones y destacó el compromiso del Jefe de Gobierno en la defensa de los derechos ambientales de los capitalinos.
¿Qué pensamos en #PlanetaB?
La aprobación de la Ley de Responsabilidad Ambiental en la Ciudad de México marca un hito significativo en la lucha por la protección del medio ambiente y la salud pública.
Este nuevo marco legal responde a la necesidad urgente de enfrentar los retos ambientales en una de las urbes más grandes y complejas del mundo. Al dotar a los ciudadanos de herramientas jurídicas para exigir reparaciones por daños ecológicos, la ley no solo fortalece la justicia ambiental, sino que también promueve una mayor responsabilidad entre individuos y corporaciones.
Sin embargo, la implementación efectiva de esta ley presenta desafíos considerables. La inclusión de todos los sectores de la sociedad, especialmente de las comunidades indígenas y barrios vulnerables, es crucial para garantizar que la legislación sea verdaderamente inclusiva y equitativa. Las críticas sobre la falta de consulta con estos grupos reflejan una necesidad de mejorar los procesos participativos y asegurar que todas las voces sean escuchadas y respetadas.
Además, la ausencia de un estudio de impacto presupuestal adecuado plantea preguntas sobre la viabilidad financiera de las medidas previstas. La asignación de recursos suficientes será esencial para que las autoridades puedan cumplir con sus nuevas responsabilidades y para que los tribunales puedan manejar eficazmente los casos de demandas ambientales.
La ley también pone de relieve la importancia de la educación y la concientización pública. Para que los ciudadanos puedan aprovechar al máximo sus nuevos derechos, es fundamental que comprendan cómo utilizar las herramientas legales disponibles y los procedimientos necesarios para presentar demandas. Esto requiere campañas de información y educación ambiental que lleguen a todos los rincones de la ciudad.
En última instancia, la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México representa un paso audaz hacia una gestión más sostenible y justa del entorno urbano. Su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para implementarla de manera efectiva, de la participación activa de la ciudadanía y de la adaptación continua a los desafíos emergentes.
Si se cumplen estas condiciones, esta legislación podría servir como modelo para otras ciudades del mundo, demostrando que la justicia ambiental y la protección de la salud pública son objetivos alcanzables en el contexto de una megalópolis moderna
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