Grupo Xcaret ha decidido cancelar su ambicioso plan turístico que contemplaba la construcción de nueve hoteles en Santa Elena, una localidad cercana a la Zona Arqueológica de Uxmal.
El megaproyecto, que habría afectado casi 160 hectáreas de selva maya, no avanzará tras la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de dar por terminado el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal.
La solicitud, presentada por la empresa Alto Comercializadora y Operadora Turística S. DE RL DE CV, está vinculada a los hijos de Miguel Quintana Pali, director de Grupo Xcaret.
El 2 de agosto de 2024, la Semarnat anunció que la empresa desistió del proyecto a través de un escrito entregado el 26 de julio. Greenpeace había alertado previamente sobre el impacto ambiental del desarrollo.
Según la organización ambiental, el megaproyecto tendría una capacidad de hasta 16,200 huéspedes, cuatro veces la población actual de Santa Elena, y requeriría hasta 22 veces el volumen anual de agua consumido por todo el municipio de Yucatán.
El plan también incluía la creación de macrolotes en diversas áreas del terreno, con la intención de establecer más proyectos turísticos y residenciales durante un periodo de 100 años, lo que habría generado impactos ambientales significativos a largo plazo.
El 19 de julio, Greenpeace presentó un informe a Semarnat destacando varios riesgos ambientales asociados con el proyecto, incluyendo la amenaza a especies en peligro, daños al acuífero y la contradicción con políticas de conservación y preservación en medio de la crisis climática. La organización pidió a la autoridad que no autorizara el cambio de uso de suelo propuesto.
¿Qué pensamos en #PlanetaB?
La cancelación del megaproyecto turístico de Grupo Xcaret en la selva maya es un triunfo momentáneo para la conservación ambiental, pero también subraya una preocupante tendencia en el desarrollo económico de México.
El hecho de que un proyecto de esta magnitud, con impactos tan devastadores y tan claramente incompatibles con la preservación del medio ambiente, llegara a la etapa de evaluación, revela las tensiones latentes entre las fuerzas del desarrollo y la necesidad urgente de proteger los ecosistemas críticos.
Mientras que la decisión de detener este proyecto es un paso positivo, la situación deja al descubierto la falta de un enfoque verdaderamente sostenible en las políticas de desarrollo.
No es suficiente frenar iniciativas individuales cuando son señaladas por organizaciones como Greenpeace; lo que se necesita es una política coherente y proactiva que priorice la conservación del medio ambiente como un pilar esencial del desarrollo.
En un contexto de crisis climática global, es imperativo que las decisiones sobre proyectos de gran escala se alineen con objetivos de sostenibilidad a largo plazo, en lugar de responder únicamente a presiones económicas o empresariales.
Aunque este proyecto no se materialice, la amenaza para la selva maya y otros ecosistemas vulnerables persiste mientras no exista un cambio fundamental en la manera en que se concibe y regula el desarrollo en México.
La preservación del patrimonio natural no debe depender de la resistencia ciudadana o de la intervención de organizaciones no gubernamentales, sino de un compromiso firme del Estado y la sociedad por proteger lo que es verdaderamente invaluable e irremplazable.
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