La minería, especialmente cuando está controlada por grandes corporaciones, suele dejar una estela de devastación en su camino.
Un ejemplo claro es Grupo México y su mina Buenavista del Cobre, que ha acaparado un alarmante 57% del agua del Río Sonora. Este abuso no solo intensifica el estrés hídrico en la región, sino que también profundiza la desigualdad social al privar a las comunidades locales de un recurso esencial para la vida: el agua.
Lo que sucede en Sonora es un recordatorio doloroso de cómo estas empresas, con su poder y recursos, a menudo operan con impunidad.
Las actividades de Grupo México no solo han exacerbado la escasez de agua, sino que también han contaminado de manera significativa los acuíferos de los ríos Bacoachi y Bacanuchi, violando los derechos humanos básicos de las comunidades locales.
Según Martha Patricia Velarde, del Comité de Cuenca Río Sonora, hay personas en la región que han llegado a pasar hasta una semana entera sin acceso al agua.
A pesar de que las concesiones de agua para la minería representan una pequeña fracción del volumen total nacional, el impacto de Buenavista del Cobre, la mina más grande de México, es innegable.
En 2023, Grupo México consolidó su posición como el mayor productor de cobre del país, siendo Buenavista del Cobre su principal fuente de extracción.
Pero el problema no se limita al acaparamiento de agua; la contaminación es igualmente devastadora. A diez años del derrame de 40 millones de litros de químicos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, las secuelas aún persisten sin una remediación adecuada.
El Fideicomiso Río Sonora, que debía compensar a las comunidades afectadas y resolver los problemas de salud derivados, fracasó en cumplir sus promesas y fue cerrado sin previo aviso.
Las 37 plantas potabilizadoras que Grupo México prometió construir siguen siendo una promesa vacía, y las comunidades continúan enfrentando graves consecuencias para su salud.
Organizaciones como el Comité de Sonora y PODER albergan la esperanza de que la próxima administración, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, tome medidas concretas para resolver estos problemas.
Se espera que quede claro que el agua es un recurso público, cuya prioridad debe ser el uso humano y agrícola, y que las empresas como Grupo México deben rendir cuentas por los daños que causan. Es urgente exigir justicia y recordar que los recursos naturales no pertenecen a las corporaciones, sino a las comunidades que dependen de ellos para sobrevivir.
¿Qué pensamos en #PlanetaB?
La verdad es que, mientras el poder económico y político siga estando alineado con los intereses de estas grandes empresas, la posibilidad de un cambio real parece, tristemente, lejana.
Las comunidades afectadas necesitan algo más que promesas: requieren acciones concretas y responsables que pongan fin a décadas de abusos. La esperanza sigue presente, pero acompañada de un escepticismo saludable, porque la historia nos ha enseñado que las palabras, lamentablemente, no siempre se traducen en justicia.
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Imagen: Cristina Gómez
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