El Estado de México está endureciendo su postura ante los delitos ambientales. Bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez y con el respaldo del Congreso estatal, se han planteado reformas al Código de la Biodiversidad que podrían imponer multas de hasta 500 mil pesos a quienes infrinjan las disposiciones legales en materia ambiental.
¿Qué se considera un delito ambiental?
El Código de la Biodiversidad del Estado de México contempla una lista de acciones que son consideradas infracciones ambientales y que pueden derivar en sanciones económicas. Estas incluyen:
Tirar basura en la calle o espacios públicos.
No cumplir con medidas de ahorro de agua potable.
Emitir contaminantes como ruido, vibraciones, o energía térmica que excedan los límites permitidos.
Derribar o trasplantar árboles públicos sin autorización o afectar áreas verdes.
Realizar actividades que deterioren la calidad del suelo sin aplicar medidas de conservación.
Incumplir con la normativa de verificación vehicular.
Además, el Código establece restricciones más estrictas para actividades industriales que puedan tener un impacto ambiental significativo.
Reformas en análisis
Las reformas propuestas buscan incrementar las sanciones económicas en tres áreas específicas:
Manejo integral de residuos.
Restricción de plásticos de un solo uso.
Uso de dispositivos que alteren el ciclo hidrológico mediante la modificación atmosférica, cuya multa podría llegar a 5 mil UMAs, equivalentes a 542 mil pesos.
Aunque estas medidas aún están en análisis en el Congreso mexiquense, la composición política actual sugiere una alta probabilidad de que sean aprobadas.
¿Qué pensamos #PlanetaB?
Fortalecer las sanciones por delitos ambientales es un paso importante para proteger nuestro entorno, pero no suficiente por sí solo.
La efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación justa y oportuna, así como de un esfuerzo paralelo por generar conciencia ciudadana e industrial sobre la importancia de preservar el medio ambiente.
Sin embargo, es válido preguntarse: ¿se están atacando las causas reales del problema ambiental o simplemente sancionando sus consecuencias? Para que estas reformas sean verdaderamente transformadoras, el gobierno debe invertir en educación ambiental, supervisión efectiva y opciones viables para que tanto ciudadanos como empresas puedan cumplir con las normas.
De lo contrario, corremos el riesgo de que estas medidas se perciban más como un golpe económico que como un paso hacia un cambio real.
El cuidado del medio ambiente no debería ser un acto impulsado por el temor a las multas, sino una prioridad compartida por todos.
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