“Es tiempo de elecciones y fútbol, todos nos quieren meter goles”, así se lee un anuncio de una librería en México. Entre las campañas para presidente y el mundial, la sociedad mexicana tiene la visión nublada acerca de otros temas que suceden en el país.
Tal es el caso de las aguas nacionales, ya que el todavía presidente Enrique Peña utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40% de las cuencas del país, que contienen 55% por ciento de las aguas superficiales de la nación.
Paradójicamente, en el día mundial del medio ambiente, Peña Nieto anunció la firma de diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país.
Dicho de otra forma, nuestro ‘flamante’ presidente autorizó con la aprobación de dichos decretos la eliminación de la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en dichas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
“...Los diez decretos que levantan la veda sobre estas cuencas de agua, abren la puerta para que 55% de nuestra agua sea utilizada para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua con organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria…”, de acuerdo con la coalición Agua para Todos.
La coalición Agua para Todos encontró que estos decretos permitirán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos.
Estos decretos son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes, principalmente porque se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han ‘cuidado y protegido’ el agua para que sea entregada de la noche a la mañana a empresas y paraestatales.
La coalición Agua para Todos estimó que los decretos podrían poner en riesgo hasta 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente de comunidades indígenas o núcleos agrarios, quienes tenían “las dotaciones del líquido por decreto presidencial.
Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos, casi emulando a Trump con sus órdenes ejecutivas, equivalen a una reforma estructural pero sin validarlo con el poder Legislativo.
Estos decretos implican dirigir al agua como un bien común de los mexicanos hacia las empresas, no es una práctica nueva, anteriormente hemos visto cómo otros gobiernos otorgan permisos y eliminan restricciones para explotar mantos acuíferos y entregarlos al sector privado.
Algo que todavía no cuadra fue la presencia del Fondo Mundial para la Naturaleza en el acto de firma de acuerdos, incluso el director general dio unas palabras.
“...Estos decretos representan una visión de futuro ya que plantean un camino sustentable para estas cuencas, que evitará la grave sobrexplotación, contaminación y escasez que vivimos en otros muchos ríos del país...”, dijo Jorge Rickards, Director General de WWF México.
Es importante revisar lo que esta organización afirma acerca de los acuerdos, no todo es blanco y negro, esperamos que de verdad exista un camino sostenible a estos decretos.
Los cuestionamientos de los ambientalistas, de los indígenas y de los campesinos, se basan en que aunque están siendo promovidos como una medida de protección al ambiente, incluyen reservas para uso urbano, y en algunos, para la generación de energía eléctrica.
El “uso público urbano” incluye a cualquier uso al cual un organismo estatal o municipal quisiera concesionar o contratar sus aguas.
La asignación de grandes volúmenes a las comisiones estatales del agua está convirtiendo nuestras aguas nacionales en “aguas estatales”. Así mismo, permiten el otorgamiento de los volúmenes reservados a cualquier entidad eligible a ser titular de una asignación–esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, como son CFE y PEMEX.
Por otro lado, no contemplan ningún papel para la ciudadanía. Todo el poder sobre las reservas urbanas, ecológicas y para energía eléctrica estará en manos de la Conagua.
Tendremos que ver en un futuro próximo qué impacto tendrán estos decretos presidenciales y cómo afectarán a nivel social, económico y ambiental.
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Vía: Sin Embargo Imagen: Regeneración